Cortés, un dirigente negro de 38 años, vivía con su compañera en Alto Mira, una zona rural del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador y donde se concentra la mayor cantidad de narcocultivos en Colombia, el principal exportador mundial de cocaína.
"José fue asesinado a tiros, iba en su moto hacia su casa. Lo interceptaron y lo mataron", relata a la AFP Célimo Cortés, de la red de consejos comunitarios del Pacífico Sur, Recompas.
Lo que nos dicen los pobladores -agrega- "es que desde el domingo cuatro personas armadas habían estado circulando en la zona".
Pese a las amenazas, Cortés no tenía guardaespaldas y había sido declarado "enemigo de la coca" por los grupos que se oponen a la eliminación de los plantíos ilegales, según el portavoz de Recompas.
El dirigente comunal, que para su protección había recibido del Estado un chaleco antibalas y un celular, es la víctima más reciente de una ola de ataques contra activistas sociales.
Desde enero de 2016 han sido asesinados 193 representantes comunitarios y defensores de derechos humanos, según el balance que hasta finales de septiembre llevaba la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
"Se encuentra una correlación entre la presencia de cultivos de coca y los municipios en los que han ocurrido asesinatos", dijo por su parte el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Solo en 2016 fueron asesinados 98 activistas y tres estaban desaparecidos, y la tendencia continuó en 2017, dijo el organismo en un informe elaborado junto con otras ONG.
El gobierno, que suele discrepar con las cifras de la Defensoría, no ha ofrecido un informe actualizado de víctimas de esta arremetida, que ensombrece el pacto de paz con el que Colombia busca enterrar el último y más antiguo conflicto armado en América.
El fin del enfrentamiento de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) destapó una lucha por el dominio de territorios y del negocio del narcotráfico que involucra a rebeldes del ELN -actualmente en negociaciones de paz-, bandas de origen paramilitar y "disidentes" de la primera guerrilla.
"Hay una ausencia de Estado muy grande. Salen las FARC pero no ingresa el Estado", comentó a la AFP Édgar Insandará, secretario de gobierno del departamento de Nariño, en cuya jurisdicción está Tumaco.